Videovigilancia en taxis: Las asociaciones de consumidores muestran sus discrepancias

La instalación de cámaras en los taxis de Madrid no ha dejado indiferentes a los clientes: unos ven peligrar su intimidad y temen que los vídeos salten a Internet; otros piensan que la seguridad está por encima y que los ciudadanos ya están acostumbrados a que les graben. Ambos están de acuerdo en que este sistema no se debe pagar con dinero público. Las asociaciones de consumidores OCU y CECU debaten en 20minutos sobre el sistema de videovigilancia.

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Los institutos pueden tener cámaras de vigilancia pero no en los cuartos de baño

La Agencia de Protección de Datos (AEPD) ha resuelto que el instituto de Abastos de Valencia cometió dos faltas graves por la colocación de cámaras de vigilancia en los cuartos de baño en otoño de 2008. El dictamen, al que ha tenido acceso Levante-EMV, señala que los centros escolares sí pueden instalar cámaras para prevenir actos vandálicos, pero advierte de que «en ningún caso resulta admisible» que estén ubicadas en los cuartos de baño. La AEPD lamenta en la resolución que el centro realizó un tratamiento «particularmente invasivo en la intimidad de los alumnos».

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Polémica en Redondela por unas cámaras de seguridad

La Agencia Española de Protección de Datos ha respaldado la instalación de cámaras de seguridad en las instalaciones de la empresa de recogida de basura de Redondela, Urbaser, pero el Movemento polos Dereitos Civís solicita que se retiren.

Una cámara está ubicada en el exterior y otra en el interior. ?Los sistemas de grabación empezaron a captar imágenes el 27 de marzo, pero los trabajadores no recibieron comunicación de su puesta en funcionamiento hasta días después.

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Descienden los actos delictivos en el casco histórico de León tras implantar el nuevo sistema de videovigilancia

Los actos delictivos registrados en el casco histórico de León han registrado un descenso desde la implantación del nuevo sistema de videovigilancia, hace poco más de dos meses.

Así lo manifestó hoy el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de León, José Antonio Díez, quien realizó un balance positivo de esta iniciativa impulsada por el Consistorio y financiada por el Ejecutivo central con cargo al Plan E.

Concretamente, explicó que desde el pasado mes de febrero, en la zona que cuenta con los equipos se ha producido un descenso de actos vandálicos, además de destacar que se trata de una herramienta «eficaz» en cuanto a intentos de robo y tráfico de droga para poder detener a los autores de los mencionados delitos.

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La videovigilancia se liberaliza

La videovigilancia ha dejado de ser un coto reservado para las empresas de seguridad. A partir de ahora, cualquier particular o empresario puede instalar cámaras de seguridad en su casa o en su negocio sin tener que requerir los servicios de las compañías autorizadas por el Ministerio del Interior, aunque eso sí, siempre que no estén conectadas a una central de alarma. La liberación del sector es una de las novedades que ha traído consigo la denominada Ley Ómnibus. Hasta la entrada en vigor a finales de 2009 de esta normativa que potencia el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la videovigilancia sólo era posible en el caso de que los sistemas hubieran sido contratados con empresas de seguridad privada, debidamente acreditadas por el Ministerio del Interior, al que además había que notificar el contrato.

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Supervisor UE recomienda uso responsable de videovigilancia en instituciones

Las líneas propuestas por el órgano supervisor europeo están destinadas a promover «una utilización responsable de la videovigilancia, así como la puesta en marcha de garantías eficaces» para la protección de la intimidad, según explica el EDPS en un comunicado.

Las directrices incluyen principios para evaluar la necesidad de recurrir a este tipo de vigilancia, y orientaciones sobre la forma de «minimizar el impacto sobre la vida privada y otros derechos fundamentales».

Las medidas, basadas en las consultas llevadas a cabo por el organismo encargado de la protección de datos en la UE, deberán ser aplicadas por las instituciones y órganos comunitarios antes del 1 de enero de 2011.

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