La videovigilancia ha dejado de ser un coto reservado para las empresas de seguridad. A partir de ahora, cualquier particular o empresario puede instalar cámaras de seguridad en su casa o en su negocio sin tener que requerir los servicios de las compañías autorizadas por el Ministerio del Interior, aunque eso sí, siempre que no estén conectadas a una central de alarma. La liberación del sector es una de las novedades que ha traído consigo la denominada Ley Ómnibus. Hasta la entrada en vigor a finales de 2009 de esta normativa que potencia el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la videovigilancia sólo era posible en el caso de que los sistemas hubieran sido contratados con empresas de seguridad privada, debidamente acreditadas por el Ministerio del Interior, al que además había que notificar el contrato.
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