Facebook y Tuenti se enfrentaron en 2009 por primera vez a denuncias presentadas por ciudadanos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que recibió el año pasado un total de 31 quejas relativas a estas redes sociales y hasta el 15 de mayo de 2010, otras 12. En cualquier caso, las quejas no se han materializado en sanciones todavía.
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El Grupo de Trabajo del Artículo 29, que aglutina a todas las autoridades nacionales de Protección de Datos de los estados miembros de la Unión Europea, ha expresado una vez más su malestar sobre el acopio de datos de búsquedas de los usuarios que utilizan los buscadores de Internet más populares. Así, ha remitido una carta a Google, Yahoo y Bing para comunicarles que sus sistemas para asegurar el anonimato de los datos de las búsquedas que realizan los usuarios no respeta la Directiva comunitaria de Protección de Datos.
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La crisis también se nota en Protección de Datos. Con respecto al año anterior, hasta se han multiplicado por cinco las reclamaciones relacionadas con las listas de morosos. El informe del 2009….
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El derecho a la intimidad es una cuestión que cada vez preocupa más a los coruñeses, y buena muestra de ello es que, en sólo doce meses, las denuncias presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se multiplicaron por cuatro en la provincia de A Coruña, al pasar de las 38 registradas en 2008 a las 157 contabilizadas el año pasado, según se desprende de la última memoria del organismo, que además revela que internet, las listas de morosos y la videovigilancia encabezan las reclamaciones.
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CC.OO. ha denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo de Pontevedra y la Agencia Española de Protección de Datos la utilización de programas espía para controlar la actividad de algunos trabajadores municipales de Pazos de Borbén.
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La Asociación de Internautas critica que el Tribunal Supremo haya dictado dos sentencias en sentido contrario sobre casos, a su juicio, muy parecidos. En el asunto de Quejasonline, el Supremo absolvió al proveedor de acceso porque no había pruebas de que conociera la ilicitud de los contenidos que albergaba. En el caso de Putasgae, el mismo tribunal condenó a la asociación porque, dada su particular batalla contra la SGAE, conocía que terceros alojaban injurias contra ella. Según la AI, «si el prestador de servicios comparte algunas ideas con quien comete ilícitos a través de sus servidores, por lógica, conocerá estas actividades, conocerá de sobra que además son delito, y responderá como si los hubiera cometido él mismo».
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