Muchas empresas no terminan de cumplir los requerimientos obligatorios en materia de protección de datos a la hora de gestionar la información con datos personales. Los organismos deben de ententender que es indispensable proteger la información sobre empleados y clientes , esto debería ser algo natural en nuestro día a día.
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La AEPD impuso una multa de 40.000 euros a IKEA por grabar imánes de espacios públicos, fuera de las intalaciones, que la multinacional tiene en el centro comercial Marineda City sin advertir a los transeúntes que estaban siendo grabados.
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La Agencia de Protección de Datos a sancionado con 50.000 euros a Movistar por incluir los datos personales de un cliente en una base de datos de insolventes antes de reclamar el impago. Según la AEPD, «ha quedado demostrado» que al incluir a su cliente en un fichero de insolvencia antes de reclamarle la deuda Movistar incumplió la Ley de Protección de Datos.
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D. Iñaki Vicuña de Nicolás, director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, indicó la necesidad de orientar a los jóvenes en materia de protección de datos en redes. Indicó que los jóvenes no son conscientes de los riesgos que conlleva publicar datos de carácter personal en las redes sociales.
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Un centro médico es sancionado con 6000 euros por tratar datos personales de un cliente de la empresa con la que se había fusionado.
El denunciante declara que ha recibido en su domicilio un escrito de un centro médico en el que se le informa de que su carnet de conducir está próximo a caducar y se le ofrecen sus servicios para gestionar la renovación del mismo. Además manifiesta que no ha mantenido relación ninguna con ésta empresa y que desconoce como han obtenido sus datos personales y la fecha de caducidad de su permiso de conducir.
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La Agencia Española de Protección de Datos ha multado a la comunidad Fase Cumbres de Calicanto con una multa de 1.200 euros por exponer en vía publica información privada de los vecinos. La resolución R/02532/2011: emitida este pasado día 14 de noviembre responde a una de las 18 denuncias presentadas, y que representaba a 119 vecinos, condena la exposición en un tablón en la vía pública unos listados con los supuestos deudores de la urbanización.
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