Una tesis de la UIB delimita hasta dónde puede un médico o un hospital acceder o usar el expediente del enfermo.
Al ser el coordinador del centro médico estaba convencido de que podía acceder a esa información. Pero no, no podía. En marzo del año pasado la Audiencia Provincial condenó a un médico de Artà a tres años de cárcel y nueve de inhabilitación por haber entrado en el expediente clínico de un compañero. Quería saber quién era su médico de cabecera. El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo exculpó a este facultativo al considerar que su acción podría merecer una sanción administrativa, pero nunca una condena penal como había recibido por que lo que consultó no era un dato reservado.
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