2.500 euros. Esta es la cantidad que deberá pagar una comunidad de vecinos de Santa Marta de los Barros por colocar una cámara de vigilancia en zonas comunes del edificio. La multa le fue impuesta por la Agencia de Protección de Datos, el organismo que se encarga en España de controlar que no se vulnera la ley en esa materia. La comunidad recurrió la sanción ante la Audiencia Nacional y este tribunal rechaza el recurso. En una sentencia que tiene fecha del 20 de mayo considera que la multa está ajustada a derecho.

Ver información completa www.hoy.es