La Agencia Española de Protección de Datos investigó al Ayuntamiento de Outeiro de Rei (4.852 vecinos), donde se enclava la prisión de Bonxe (500 reclusos), después de que empadronase en 2006, sin previo aviso, a 261 internos de la penitenciaría y a 122 residentes del geriátrico Carlos IV.
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