El procedimiento sancionador fue instruido por la Agencia Española de Protección de Datos, tras la denuncia presentada por el asesor jurídico del ayuntamiento de Ponteareas, Carlos Potel Alvarellos y el propio Concello.
Los hechos se remontan a junio de 2008 y la denuncia se interpuso contra la Confederación Intersindical Galega,CIG, ‘por haber hecho públicos en sus boletines informativos, datos sobre la situación laboral de los trabajadores municipales y desvelado datos personales de determinados funcionarios y trabajadores del Concello sin consentimiento’, entre ellos los del denunciante, Potel Alvarellos.
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