La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a Juan Manuel Hidalgo, de 52 años, por un presunto delito de extorsión contra la compañía telefónica Orange. La operadora acusa al arrestado de un intento de chantaje por pedir una contraprestación a cambio de no divulgar una supuesta infracción cometida por el exdistribuidor de la firma Movlcenter SL de Medina del Campo (Valladolid).
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El sindicato USO ha denunciado ante la Agencia de Protección de Datos al Ayuntamiento de Torrelavega por presuntos incumplimientos de la ley en materia de videovigilancia en el Centro de Promoción e Innovación Tecnológica, dependiente del Consistorio municipal. El sindicato asegura que hace casi dos meses, en una reunión de la Mesa General de Negociación, solicitó información sobre las videocámaras instaladas en ésa y otras dependencias con el fin de conocer una serie de interrogantes. Entre ellos, quién ha solicitado su instalación, con qué fines y por qué no se ha informado a los trabajadores y sus representantes.
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Obtener datos personales de cualquier ciudadano resulta actualmente muy sencillo. Previo pago de 210 euros cualquiera puede acceder a un archivo privado que tiene datos personales de 36 millones de personas residentes en España obtenidos sin su consentimiento del censo electoral y del padrón de municipios. Este archivo, que consta de una orden de inmovilización por parte de la Agencia Española de Protección de Datos así como 3,5 millones de euros en sanciones, resulta muy útil, por ejemplo, para las empresas que se dedican al cobro de deudas, y más ahora cuando la crisis ha disparado la morosidad.
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La Audiencia Nacional confirma la multa que le impuso la Agencia de Protección de Datos por no evitar que sus cámaras de videovigilancia captaran la imagen de los transeúntes que pasan cerca del edificio.
La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 60.101,21 euros que la Agencia de Protección de Datos impuso a El Corte Inglés de Málaga por grabar con las cámaras ubicadas en su fachada exterior a los coches y personas que circulan por las vías públicas de las calles que demarcan el edificio.
La Agencia de Protección de Datos, tras la denuncia de un particular, realizó una inspección a la sede de los grandes almacenes en Málaga. Los inspectores comprobaron que las 8 cámaras que vigilan el exterior del edificio tienen un ángulo de giro de 360º y disponen de función de zoom. Las cámaras captaban imágenes de la vía pública en las que podía verse a personas físicas, identificadas o identificables, que circulaban por la acera, así como a los vehículos estacionados. Dichas imágenes se conservaban durante un máximo de siete días.
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UGT ha denunciado este martes mediante un comunicado que el Ayuntamiento de Madrid está utilizando las cámaras de videovigilancia instaladas en algunas zonas del centro de la capital para poner multas de aparcamiento, una acusación que el Ejecutivo local ha rechazado de forma tajante.
El sindicato ha asegurado que «desde hace algún tiempo se vienen utilizando las cámaras de seguridad de la zona Centro –calle Silva, Barco, Colegiata, plaza de la Luna…– para dar comunicados sobre estacionamientos indebidos a los agentes de Movilidad, de cara a denunciar y cargar los vehículos con la grúa municipal en los casos que proceda».
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El Tribunal Constitucional ha rechazado un recurso de amparo promovido por la Agencia española de Protección de Datos, en nombre de un ciudadano, contra la decisión del Arzobispado de Valencia de no informar sobre la cancelación de datos en sus libros bautismales. Los hechos se remontan a 2006, cuando la Agencia española de protección de datos estimó la reclamación de un ciudadano que pedía que el Arzobispado le remitiera una certificación haciendo constar que se había anotado en su partida de bautismo que había ejercido el derecho de cancelación o se le informara de por qué no lo hicieron.
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La Agencia Española de Protección de Datos sancionó al Registro de la Propiedad número por infringir la legislación al facilitar datos personales a través de su página web
En concreto, la Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Registro Públicos (Adeurp) presentó una denuncia al acceder a datos contenidos en una nota simple tras alegar «curiosidad malsana». Ese motivo de la petición no impidió que el Registro le denegara la solicitud.
La actual legislación apunta que el acceso a esta información se puede realizar cuando el motivo está justificado. Sin embargo, miembros de Adeurp accedieron a datos del Registro después de solicitar una serie de informaciones registrales a través de Internet, alegando como interés legítimo un argumento «intencionadamente absurdo o torticero».
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Los internautas que optan por relacionarse a través de las redes sociales de internet son cada vez más jóvenes. Los 7 años es la edad con la que muchos niños entran en contacto por primera vez con estas plataformas, según indican los resultados de una encuesta de la Comisión Europea. Exponer los datos personales en internet supone riesgos que los usuarios de tan temprana edad no suelen tener en cuenta.
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La Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD) es implacable con el uso indebido de las cámaras de videovigilancia, como han podido comprobar Montgat y Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), a cuyos ayuntamientos ha abierto sendos expedientes sancionadores este organismo independiente encargado de velar por la seguridad de la información sobre las personas.
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La Agencia de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto sendas sanciones de 120.000 euros a dos compañías de telefonía móvil que incluyeron, irregulamente, a un cliente palmesano en un fichero (listado) de morosos. La APD también sanciona a las dos operadoras por ceder a la agencia de morosos los datos personales de ese cliente (nombre y apellidos) sin autorización de éste.
Un vecino de Palma, representado por el bufete Iuristec, dirigido por Juan José Talens, denunció a Telefónica Móviles España y France Telecom España por haber cedido sus datos a una empresa de solvencia, donde fue registrado como moroso.
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